A sabiendas

Fernando Barros

Las encuestas dan el último lugar de aprecio y respeto ciudadano al Congreso y mundo político. Las acciones que generan el descrito han llevado a juristas destacados a anticipar la responsabilidad personal de los parlamentarios al aprobar leyes en contravención a la Constitución Política y tratados, a sabiendas de que perjudican a terceros.

Después de la explosión de violencia del 18 de octubre y la compleja situación derivada del Covid-19, el mundo político renunció a su rol republicano y ha aprobado leyes en abierta infracción a la legalidad vigente, invadiendo el ámbito de iniciativa exclusiva del Presidente de la República en materias tributarias, provisionales y otras. Aprobaron por una "única vez" el retiro de fondos provisionales y, a pesar de que ello perjudicará el futuro de los trabajadores y que va a generar una crisis social, han aprobado un segundo, un tercero y ahora pretenden un cuarto. Algunos lo han hecho, confiesan, para destruir el sistema de capitalización individual y otros con un exclusivo afán electoral,

Frente a la violencia anarquista con destrucción, saqueos, incendios, y violación a la dignidad de compatriotas, guardaron silencio cómplice o justificaron derechamente y, en un acto incalificable, promueven ahora una amnistía para los delincuentes bajo la falsa excusa de que se trataría de presos políticos.

Como si lo anterior fuera poco, han boicoteado las iniciativas del Gobierno en materia de orden público y otras destinadas a mitigar los efectos de la crisis económica causada por la pandemia, con indicaciones o proyectos improcedentes, que buscan ahuyentar la inversión y la recuperación del empleo , y hacer fracasar la exitosa recuperación de la economía que está logrando el gobierno.

Pero ello no los ha satisfecho. Sabiendo que causará un grave daño a la imagen internacional de Chile y a la convivencia nacional, y con claro afán electoral, han inventado una acusación constitucional contra el Presidente Piñera con imputaciones falsas, con hechos mañosamente resucitados por una pseudo investigación independiente. Se trata, en verdad, de manipulación de información mal habida, derechamente robada, buscando involucrarlo en hechos de terceros ocurridos más de 10 años atrás, sobre los que la justicia ya resolvió definitivamente que no existía delito alguno y que el Presidente no tuvo participación en los mismos.

Ya no pueden caer más bajo en la opinión de la ciudadanía. Ellos no actúan como constructores de la institucionalidad nacional. Ni siquiera aparentan que -si bien se trata de un juicio político- respetarán principios básicos de un juicio serio, ya que antes de recibir la defensa del acusado, anunciaron que resolvieron su culpabilidad.

No les importa que no exista base alguna para la acusación. Ni que la odiosidad personal que sienten por quien derrotó democráticamente a su opción presidencial pocos años antes no es motivo para una acusación constitucional. O que la decisión de destituir a un Presidente en ejercicio está reservada para hechos muy graves y que sean verdaderos.

Nada parece importar a los honorables. Y muchos, si es que no la mayoría, votarán la destitución buscando concluir la asonada del 18/10 derribando, no la estatua de Baquedano, sino que al gobierno legítimamente constituido.

Tengamos presente estos hechos al momento de votar.